La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) han reclamado a las administraciones públicas medidas concretas para garantizar que los derechos sanitarios y sociales de los colectivos más vulnerables se cumplan de forma real y homogénea en toda España. Ambas entidades advierten de que, pese a que estos derechos están reconocidos en la legislación, su aplicación práctica continúa siendo insuficiente y desigual.
Con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, las organizaciones han puesto el foco en las dificultades que siguen afrontando personas mayores, pacientes crónicos y ciudadanos con discapacidad para acceder a una atención sanitaria continua, coordinada y centrada en la persona. Entre las principales barreras destacan la brecha digital, la fragmentación entre los servicios sanitarios y sociales y las diferencias territoriales en el acceso a recursos y prestaciones.
La PMP ha alertado especialmente sobre el impacto de la digitalización acelerada en las personas mayores con menor alfabetización tecnológica o problemas de accesibilidad. Según la plataforma, muchas de ellas encuentran obstáculos para gestionar citas médicas, acceder a información sanitaria o realizar seguimientos clínicos a través de canales digitales.
Por su parte, la POP insiste en que la transformación digital y el avance de tecnologías como la inteligencia artificial en salud deben ir acompañados de transparencia, supervisión humana y programas de alfabetización digital que eviten nuevas desigualdades. La organización recuerda que todavía existen importantes carencias de información y acompañamiento para pacientes y familias en este ámbito.
Las dos entidades también subrayan la necesidad de impulsar una atención sociosanitaria integrada que mejore la coordinación entre servicios sanitarios y sociales, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas o situaciones de dependencia. Además, reclaman un mayor reconocimiento institucional y apoyo para las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres mayores, que asumen gran parte de los cuidados de larga duración.
Entre las demandas trasladadas a las administraciones públicas figuran reforzar la accesibilidad y la equidad territorial, garantizar la atención presencial para quienes la necesiten, reducir la brecha digital sin deshumanizar la asistencia e incorporar de manera efectiva la voz de pacientes y mayores en el diseño y evaluación de las políticas públicas de salud.
La presidenta de la POP, Carina Escobar, ha defendido que “los derechos no pueden quedarse únicamente en el plano normativo”, sino que deben traducirse en garantías reales para todos los pacientes, independientemente de su edad, condición o lugar de residencia. En la misma línea, representantes de la PMP recuerdan que el acceso equitativo a la atención sanitaria y social constituye una cuestión de justicia social y de protección de la autonomía personal.
Fuente: Servimedia
